“Es en dicha comisión que hemos venido planteando oportunamente nuestras históricas reivindicaciones con relación a la salud laboral docente, las cuales incluyen una caracterización debidamente fundada sobre las particularidades del trabajo docente, las enfermedades profesionales que son reconocidas y aquellas que aún no lo están, y las responsabilidades que competen tanto a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) como al Estado provincial”, indicaron desde el gremio a través de un comunicado.
En ese sentido, argumentaron que la presentación formal del reclamo tiene que ver con la exigencia de que “se garantice el funcionamiento de la Comisión y para ratificar nuestro cuestionamiento al Decreto N° 426/19 MGJ, de carácter arbitrario e inconsulto, en virtud de que el mismo permite a los médicos auditores extralimitarse en sus funciones y aplicar sanciones que implican una intromisión en la carrera docente y un desconocimiento de lo estipulado en nuestro Estatuto”.
“Estos profesionales no están cumpliendo con su responsabilidad de forma idónea y tampoco se apegan a lo previsto en el contrato que tienen con el CGE. Todo esto, lejos de contribuir a una mejora en el proceso de trabajo docente y al cuidado de nuestra salud, lo único que logra es incorporar mecanismos burocráticos para la tramitación de las licencias y entorpecer el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, sin olvidar el perjuicio que representa para los mismos y para sus trabajadores en materia de salud y carga de trabajo”, indicaron.
Por ello, exigen al CGE una “urgente” convocatoria de la Comisión, cuya última reunión fue suspendida sin fijar una nueva fecha: “Consideramos que toda norma que regule nuestras condiciones laborales y que afecte de forma directa el acceso a la educación como derecho social debe ser fruto del consenso, el análisis exhaustivo de las problemáticas y la búsqueda de soluciones que prioricen el bienestar de las y los trabajadores”, expresaron.