La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores aceptó esta semana que los ocho detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa sean considerados «particulares damnificados». Es en una causa contra Verónica Zamboni. Se trata de la fiscal que investigó el caso desde 2020, que está acusada por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad.
Fuentes judiciales informaron que los jueces de la Sala 1 del tribunal, Luis Defelitto y Susana Darling Yaltone, hicieron lugar a un recurso presentado por Hugo Tomei. Es el abogado de los imputados por el homicidio de Báez Sosa.
Facundo Báez Sosa, quien hubiese cumplido 21 años este 2 de marzo.Ffue asesinado a golpes en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente a la puerta del boliche «Le Brique» de Villa Gesell.
Varios videos de cámaras de seguridad y celulares muestran el momento del ataque. Eso, sumado a los relatos de testigos presenciales, sirvió de evidencia para que la fiscal Zamboni diera por identificados a los acusados. Sólo dos de los 10 rugbiers fueron liberados por falta de mérito.
Pero Tomei denunció desde el inicio de la causa presuntas irregularidades en las actas de las declaraciones indagatorias. Las mismas fueron tomadas a los imputados después de su detención. En un expediente aparte de la instrucción principal acusó a la fiscal Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell; por «falsedad ideológica de instrumento público» y «privación ilegítima de la libertad».
El planteo fue rechazado por el juez de Garantías David Mancinelli. Este entiende en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa y el último el último 15 de diciembre consideró que los rugbiers no podían actuar en calidad de particulares damnificados.
Tomei llevó el planteo a la Cámara, y el tribunal de apelaciones revocó el último martes la resolución del magistrado al considerar que Máximo Thomsen (22), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (22), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22) pueden impulsar la acción penal contra la fiscal en esta segunda causa, que todavía sigue archivada.
Los ocho rugbiers están con prisión preventiva; imputados por el delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas». Sin embargo partir de esta resolución de la Cámara su defensor podría tratar de reactivar la acusación contra la fiscal, con pedidos de medidas de prueba nuevas.
Además de Zamboni, la acusación de Tomei apunta a la defensora oficial que intervino en el inicio de la investigación. Se trata de Marina Veronica Olinidi Huespi, y a dos secretarios de la fiscalía.
Inicio del juicio
Los detenidos, en tanto, continúan alojados en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero. En el lugar cumplen prisión preventiva y aguardan el inicio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.
El juicio oral se desarrollará desde el 2 de enero de 2023 y a lo largo de 22 jornadas. Tendrá la participación de más de 130 testigos, en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.
