El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Álvaro Martínez presentó este viernes un proyecto de ley que endurece el actual Régimen Penal de Minoridad bajando la edad de imputabilidad a los 12 años.
También, en el capítulo sobre las sanciones penales, el proyecto de Martínez incluye una batería de medidas como orientación y apoyo socio familiar; imposición de reglas de conducta; prácticas de servicios a la comunidad; régimen de libertad asistida y medidas de internación en caso de que el menor lo requiera.
En esta línea, la propuesta de Martínez establece el piso a una edad mucho más temprana que en la actualidad, cuando los menores están atravesando la preadolescencia.
Así las cosas, la iniciativa contempla penas máximas de hasta 20 años de reclusión para los mayores de 16 años y de hasta 15 años para los menores que tuvieran entre 12 y 15 años al momento de la comisión de un delito.
En tanto, sobre su proyecto, el funcionario por la provincia de Mendoza afirmó que «la situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes que no respetan ni tienen consideración por el más mínimo derecho fundamental de las personas».
Además lamentó: «El desprecio a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se ha vuelto moneda corriente».
Por último, concluyó: «Llegó el momento de que se acaben los privilegios para los delincuentes y asesinos. Basta de impunidad y de doctrinas garantistas. Hay que dar un mensaje claro de que el que las hace las paga. Es momento de que los preocupados sean los delincuentes y no los ciudadanos».
Más detalles
El actual Régimen Penal Juvenil prevé penas para adolescentes solamente entre los 16 y 18 años y desde hace años que el Congreso nacional viene acopiando proyectos de ley -presentados por diputados y senadores de espacios políticos que van del centro hacia la derecha- que apuntan a reducir la edad de imputabilidad.
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La mayoría de esas iniciativas, que acumulan polvo en despachos del Congreso, fijan la edad a partir de la cual los adolescentes son pasibles de recibir sanciones penales a los 14 años, y en algunos otros casos desde los 15 años.