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El fiscal Marijuán pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner

Lo hizo a través de un dictamen que presentó ante el juez federal Sebastián Casanello.

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y por la cual fue condenado el empresario Lazaro Báez.

A través de un dictamen que le presentó al juez federal Sebastián Casanello remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo «directo» entre Cristina Kirchner y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria, en el marco de la investigación por la mediáticamente denominada «Ruta del dinero K«.

Lázaro Báez había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión, aunque después la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal redujo en febrero pasado la condena de Báez a diez años de prisión.

«Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla», sostuvo el fiscal.

Sobre esta línea, apuntó: «A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo».

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«Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su ‘patrimonio’, que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento», señaló.

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