En la noche del miércoles las declaraciones de Maximiliano Pansu, un periodista de Rojas, fueron contundentes: dijo que en esta comuna habría dos botones antipánico para todo el pueblo y que ocho mujeres los esperaban antes de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su expareja el lunes pasado.
“Creo que el juez de Paz (Luciano Callegari) actuó por desidia. Hizo el oficio para que le entreguen el botón antipánico sabiendo que no se lo pueden dar porque en Rojas hay solamente dos botones antipánico y había ocho personas antes que ella en lista de espera. Físicamente no están”, reclamó Pansu en Intratables (América).
El martes Patricia Nassutti, mamá de Úrsula, había dado un dato parecido en diálogo con Nosotros a la Mañana (eltrece), explicó que a su hija “le iban a dar el botón antipánico y no se lo dieron porque los tenían tres personas que no los habían entregado”. Y agregó que en la Comisaría de la Mujer “les dijeron que no los podían rastrear”.
La entrega de estos botones depende del Ejecutivo municipal, según informaron fuentes oficiales a Télam, pero este miércoles el intendente del Municipio Claudio Rossi lejos de asumir el faltante, apuntó contra el juez de Paz por haber enviado un mail el lunes a las 14.19 horas al Municipio solicitando el dispositivo para Úrsula y no llamar. En diálogo con radio La Red, cuestionó que no se levantara el teléfono para acelerar el proceso.
Según confirmaron a este medio fuentes de la municipalidad, actualmente en Rojas hay 10 botones antipánico en uso y otros 10 disponibles.
“El juzgado mandó un mail al municipio ordenando se entregue un botón a Úrsula, pero nadie abrió ese mail”, ratificó a Télam Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. El fiscal Sergio Terrón, que lleva adelante la investigación del caso, aseveró que la víctima “pidió el botón antipánico en un juzgado pero no se lo entregaron”.
El vocero del intendente Rossi le explicó a TN cómo es el procedimiento de entrega de este dispositivo: “El juez le pide a Seguridad que se entregue y es esa área la que debe entregarlos. Se pueden dar rápido, pero la configuración no es sencilla puede tardar hasta 4 horas para que funcione”.
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En este sentido, explicó que en situaciones extremas el juez se comunica de manera telefónica para que, mientras se configura el botón, se le pone una custodia permanente a la víctima. “Eso no sucedió, el juez mandó un correo en un horario en el que los trabajadores ya no están. Él trabajó en la municipalidad por lo que tenía conocimiento”, indicó la fuente y enfatizó: “El teléfono del intendente lo tienen todos los ciudadanos de Rojas”.
Luego del femicidio el juez de Paz Luciano Callegari, remarcó: “Recibí tres denuncias por hechos de violencia que sufrió Úrsula y ordené que le entregaran un botón antipánico. Desde mi función como juez de Paz no puedo disponer ninguna detención”.
El jefe comunal alegó este miércoles en declaraciones radiales que “en el Juzgado de Paz trabajan de lunes a viernes”, sin guardias, por eso la joven asesinada denunció un viernes por la noche y tuvo la respuesta al lunes siguiente. Pero Callegari le dijo a La Nación que como es “el único juez de Paz de Rojas” tiene el teléfono prendido las 24 horas. “Ese día, la oficial que escuchó el relato de Úrsula me consultó sobre cuáles eran las medidas a aplicar. Entonces, ordené ampliar la restricción perimetral por 90 días, dispuse que se realicen rondas periódicas de vigilancia policial para ella y su grupo familiar, dispuse que se derive el caso a la Ayudantía fiscal ante la posible existencia del delito de desobediencia por parte de Martínez y que se comunique sobre la situación de violencia denuncia por la adolescente al área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad”, manifestó el magistrado.
Úrsula había denunciado al menos cinco veces a Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, su expareja, un policía de la Bonaerense que estaba con licencia psiquiátrica. El hombre sumaba otra decena de denuncias por violencia de género, amenazas, hostigamiento y hasta por violación a una sobrina.
La mamá de la chica hizo la primera denuncia el 9 de enero pasado. En la última semana, Martínez violó la perimetral el viernes, sábado y domingo, Úrsula fue a la comisaría y lo denunció.
TN intentó conocer cuántos botones antipánico tiene disponibles la provincia de Buenos Aires, pero se encontró en “un agujero negro”. El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que “no maneja esa información”, solamente se dispone a entregarlos cuando la Justicia lo ordena.
Fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires tampoco pudieron precisar información sobre la cantidad de botones antipánico disponibles: solo cuentan con los datos de las tobilleras y tobilleras duales. Según estimaron, el dato debería manejarlo “la Procuración”.
Este medio llamó en reiteradas oportunidades al Registro penal de violencia familiar y de género del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires pero no logró comunicarse con nadie.
El Ministerio bonaerense de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad sexual tampoco cuenta con datos sobre la cantidad de botones antipánico que hay en la provincia de Buenos Aires. A su vez, enfatizan: “No alentamos la entrega de este dispositivo porque pone la responsabilidad de cuidarse en la víctima”.
Sí lo hacen con el tema de la tobillera electrónica y la dual, que se entregan cuando la víctima de violencia de género está en una situación de alto riesgo y tiene una perimetral. El dispositivo avisa si el agresor se está acercando a la mujer en peligro, en algunos casos, la denunciante cuenta también con un dispositivo que le avisa que esta persona intenta violar la restricción de acercamiento.
Las tobilleras son monitoreadas por las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, por lo que el móvil debería llegar a tiempo para evitar el contacto entre el violento y la mujer que lo denunció.
La cartera a cargo de Estela Díaz reveló que en 2020 tuvieron 3000 intervenciones en causas donde había amenazas de muerte y se actuó con este dispositivo, logrando salvar a las víctimas.
A su vez, resaltaron la importancia de llamar a la Línea 144, sea la mujer que sufre la agresión o su entorno, ya que los casos “no llegan al Ministerio de manera automática”. Desde el organismo insistieron en que en detrás de esta vía de comunicación hay personal capacitado que puede asesorar con perspectiva de género, así como hacer un seguimiento del caso e involucrarse. Más allá de eso, remarcaron que en un caso de emergencia la mujer que sufre violencias debe comunicarse al 911.
Para Díaz, en este caso “falló el análisis del riesgo que Úrsula corría”. Y ratificó: “Al Ministerio no llegó el caso, y lo lamentamos enormemente porque se podría haber evitado la muerte de la joven”. La funcionaria provincial ponderó que hubo pedido de ayuda, hubo denuncias previas y que “no hubo la ponderación del riesgo existente”.
Sobre este punto, es necesario resaltar que para que una víctima pueda obtener el dispositivo primero se debe realizar una denuncia en una comisaría donde personal de violencia de género de la Policía eleva el tema al juzgado o fiscalía, donde se hace una evaluación de riesgo en el que se encuentra la denunciante. Allí se decide si necesita este botón y se emite una orden judicial para que se entregue el aparato.
Fuente: TN