El Gobierno avanza en la redacción de un “protocolo” en el caso de que el sistema sanitario colapse y haya que determinar qué infectados recibirán el tratamiento. En la elaboración trabajan seis funcionarios, abogados y médicos involucrados.
El protocolo se encuentra en proceso de elaboración. El Ministerio de Salud de la Nación convocó a expertos de 16 sociedades científicas y médicas del país y a un puñado de abogados, para redactar un dictamen ético-legal consensuado, que se elevará al ministro Ginés González García.
El objetivo es desarrollar «pautas» que puedan servir de guía a los comités de bioética de cada provincia, municipio y hospital.
La redacción del protocolo quedó dentro de la órbita del secretario de Calidad en Salud del Ministerio, Arnaldo Medina, quien convocó al expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina, Pascual Váldez, con la premisa de desarrollar esas «normas orientativas».
El borrador espera ser corregido por los expertos convocados tras dar el primer paso titulado: “Guías éticas para la asignación de recursos en la atención de pacientes críticos infectados por Covid-19″. Aporta «criterios de admisión y exclusión para el ingreso [de pacientes] a unidades de cuidados intensivos» y «de abstención, asignación y retiro de la asistencia respiratoria mecánica».
La duda del Gobierno es la manera y el momento de difundirlo. Por un lado, no desea «causar angustia innecesaria en la población de riesgo, en especial los mayores de 65 años», indicó un funcionario. Por el otro, estima que su difusión ayudaría a la «concientización de que la cuarentena no son vacaciones», añadió el dirigente.
Con esas premisas, Váldez conformó un grupo de expertos provenientes de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (Aamycp), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Sociedad Argentina de Infectología, como así también de la Fundación Huésped, entre otros especialistas. Entre ellos, clínicos e infectólogos.
El borrador señala –bajo discusión- que la admisión a terapia intensiva deberá «sustentarse en criterios objetivos, técnicos, neutrales y verificables» para disipar sospechas. Entre otros, deberá evaluarse si el paciente arrastra otras «enfermedades avanzadas, de improbable recuperabilidad, o terminales«, al mismo tiempo que descartó de plano considerar como excluyentes la edad o discapacidades físicas o mentales.
El texto preliminar sí incluye una «discriminación positiva» para «trabajadores de la salud, de actividades esenciales y personas gestantes». En el caso de médicos, enfermeros y quienes se desempeñan en actividades afines, por una cuestión «de justicia conmutativa y reciprocidad«, además de por razones de «salud pública y colectiva». Es decir, porque si se curan pueden volver al servicio comunitario.
Cada hospital deberá conformar su comité interno de bioética o «de crisis», si no lo conformó aún. Será ese comité el que tome las decisiones y dé cobijo institucional a sus médicos.
Fuente: La Nación