La empresa Buses Paraná, una UTE integrada por ERSA Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL, rechazó «por improcedente» la intimación realizada el miércoles por el intendente Adán Bahl para que en 72 horas retomara el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y el área metropolitana.
Según argumentaron, «la Municipalidad de Paraná no puede intimar a la agrupación al cumplimiento de un contrato que ella misma incumple de modo continuado y manifiesto desde el inicio de su vigencia»; ya que según argumenta, «han causado y causan a la firma cuantiosos daños que han sido oportunamente reclamados».
Mientras tanto, hace 45 días que el transporte público no circula por las calles de Paraná y el conflicto parece no tener solución.
Obligaciones. Para Buses Paraná, «la Municipalidad ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones de fijar las tarifas del servicio respetando las normas del art. 54 de la Ordenanza N° 9462 y de los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación del sistema de transporte, así como también de compensar los desequilibrios financieros que se generaron a causa de la modificación del sistema de subsidios nacionales a partir del año 2019, pese a las claras disposiciones de la norma citada».
Desde la firma se indicó que la intimación realizada por el intendente Bahl «carece de fuerza jurídica», y la tildaron de «repugnante». Además, rechazaron «de modo categórico» que la comuna inicie el proceso para la recisión del contrato de concesión.
Acusación. Buses Paraná acusó al municipio de ser «los directos responsables de la situación que ocasiona la situación de quiebre del sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná, origen y causa de la paralización de los servicios». Y en ese marco, los intimó «a que se abstengan de afectar de modo alguno los derechos patrimoniales que la firma posee legítimamente por aplicación del contrato de concesión, bajo apercibimiento de promover las acciones que en derecho correspondan, ante todos los fueros competentes, tendientes a evitar el despojo de su propiedad, la reparación de todos y cada uno de los daños y perjuicios que ello le ocasionen, así como hacer civil y/o penalmente responsables a quienes dicten los actos administrativos ilegales que los posibiliten».