«Privación ilegítima de la libertad, ello agravado por abuso de sus funciones, sumado a la falsedad ideológica, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser este delito precedente grave junto a la imposición de torturas, todos en concurso ideal».
Por esa cadena de delitos, el fiscal que investiga el crimen de Lucas González, el joven futbolista de 17 años asesinado en Barracas por tres agentes de una brigada de la Policía de la Ciudad, solicitó el procesamiento con prisión preventiva de los seis policías que están detenidos en la Superintendencia de la Policía Federal Argentina, ubicada en Magdalena y General Paz.
Además, para cuatro de ellos, el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió que la acusación sume el delito de «falso testimonio agravado», ya que habían hecho una primera declaración como testigos ante la Policía Federal, encargada de la recolección de pruebas y de las pericias.
Los seis policías en cuestión son Juan Romero, Fabián Alberto Du Santos, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Lorena Miño y Micaela Fariña. Ya procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado de Lucas, y presos en Marcos Paz, están los policías Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi. Además, el fiscal pidió el viernes pasado la detención de otros ocho agentes de la fuerza porteña, aunque hasta este martes el juez Martín Del Viso no había resuelto.
En tanto, el abogado de la querella, Gregorio Dalbón (que también representará a la familia de Luciano Olivera, asesinado por un policía bonaerense en Miramar), presentó un escrito de 14 páginas ante el juez de la causa para pedir el procesamiento de los seis policías.
«A criterio de esta querella, surge sin lugar a hesitaciones que las versiones desplegadas por los imputados resultan diametralmente opuestas a lo acontecido en realidad, todo lo cual se cae como un castillo de naipes a tan sólo observar con detenimiento las declaraciones obrantes en el sumario», explicó el letrado en su escrito.
A su vez, estos seis agentes -todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad- ampliaron durante la tarde de este lunes sus respectivas indagatorias ante el juez y el fiscal luego de que en la primera declaración todos negaran los cargos en su contra.
Para Dalbón, «surge evidente que todo el personal policial afectado a la escena del hecho, jamás tuvo en miras la búsqueda de la verdad, sino que su único fin era cubrir a sus compañeros en los hechos ya acontecidos».
«Evidentemente no interesaba la verdad, sino tan sólo darle la apariencia de verdadero a algo a las claras oscuro», afirmó.
Según el escrito, «en el sumario existe un dato objetivo y es el hecho que a las 11.15 se conocía con total certeza que no había armas en el vehículo Suran, razón por lo cual se demoraron para ‘asegurar’ la zona y proceder a implantar un arma de juguete. Por lo tanto, queda claro que por más esfuerzos por demostrar ajenidad en los hechos acaecidos pretendan hacer los imputados, lo cierto es que se permitió ingresar un arma de juguete a los fines de colocarla en el auto en que circulaban los menores».
«Evidentemente el despliegue policial fue para asegurar que la zona fuere «segura» para adulterar la misma, ajena a terceros que pudieran dar aviso de la irregularidad que se estaba llevando a cabo», indicó.
Y remarcó que «a las claras, se intentó montar un sistema encadenado para brindar cobertura a una actuación ilegal perpetrada por quien debe justamente hacer todo lo contrario».