Una causa que se inició con una denuncia que daba cuenta que una mujer extraía dinero de varias tarjetas de planes sociales en el centro de Paraná, llevó a descubrir el funcionamiento ilegal de una financiera en el gremio Apuner. En la investigación quedó comprometido el tesorero, como su pareja. Tras meses de espera, finamente en los últimos días fue imputado formalmente el extesorero.
El hecho
El sábado 7 de mayo, una persona denunció al 911 un movimiento sospechoso en cajeros de calle 25 de Mayo de Paraná. Una mujer de mediana edad, estaba extrayendo dinero con 22 tarjetas de débito. La maniobra de alerta llevó al personal de la División Delitos Económicos de la Policía hasta una vivienda del barrio Brisas del Oeste, donde habita la señora y su pareja, el extesorero de la Asociación del Personal No Docente de la UNER (Apuner).
En esa casa los agentes encontraron dinero, pero, precisamente, en el vehículo que manejaba el extesorero gremial, contaron 270.000 pesos en efectivo.
Al día siguiente, una consigna policial de civil hizo guardia en la zona del gremio, ubicado en calle Alem 957. El agente esperó hasta que llegó la pareja de la mujer, apresurado por entrar a la sede sindical. Allí fue interceptado y en el procedimiento de requisa, secuestraron documentación de interés.
En ese momento, los investigadores manejaron una hipótesis principal: el funcionamiento de una financiera dentro del gremio. Se pudo establecer que el extesorero Adrián Meyiner (con la colaboración de su pareja, una mujer de apellido Ibarra), prestaba dinero a personas vulnerables, beneficiarios de planes sociales. Los montos iban de 5.000 a 10.000 pesos. Como garantía, el prestamista se quedaba con las tarjetas de débito de los individuos que accedían a los créditos.
En la reconstrucción de los delitos, se entiende que una persona solicitaba el préstamo, como garantía dejaba la tarjeta de débito a partir de la cual se cobraba un plan social. El prestamista, con tarjetas bancarias en su poder, cobraba mes a mes hasta alcanzar el monto pactado de devolución. En algunos casos, cuando se llegó a cubrir ese momento, el prestamista no devolvió la tarjeta de débito.
Imputación
En los últimos días, y una vez consolidada la prueba de la usura con planes sociales, el fiscal Dato imputó formalmente a Meyiner por el delito de Usura agravada por la habitualidad. Esta figura penal es muy incómoda para cualquier investigado, porque hay una acusación de mayor responsabilidad al de una usura común que tiene una pena de entre un año y seis años de prisión.
Con el agravante, se parte de una condena de 3 a 6 años, lo que pone a cualquier investigado a las puertas de una prisión efectiva en caso de ser condenado.
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En este caso, los abogados defensores Pedro Fontanetto y Germán Palomeque, buscarán la falta de antecedentes penales y la existencia en el mismo expediente de una gran cantidad de testimonios que «no repudiaron» la actividad de Meyiner, para tratar de aliviar la situación judicial.