El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis y a la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.
Fue en el marco de la causa que se originó tras la denuncia penal en su contra que realizó la diputada nacional, María Graciela Ocaña.
Marijuan también ordenó una serie de medidas de prueba para instruir la causa con el fin de tener toda la documentación necesaria.
Según la denuncia, Batakis y Barros “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones, sin contar con el aval del directorio” del Banco Nación, en «la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ para un «un curso de coach» por $1.800.000, “la designación de Héctor Javier Silva (exmarido de Batakis) como gerente de sistemas del BNA”; y “el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte (hijo de Barros) al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”.
También se investiga el nombramiento de Maximiliano Piantanida (amigo de Barros) como gerente departamental del BNA; la autorización de parte de Batakis para que Barros perciba diversos plus y premios que le permitirían cobrar un sueldo mensual que ascendería a $9.000.000? y el “permitir que Juan Manuel Romero (pareja de Barros) perciba a modo de remuneración $700.000 por mes, aunque según la denunciante ‘dice gente del propio banco, prácticamente no va a trabajar’”.
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