El último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que la pobreza alcanzó el 43,1 por ciento en 2022. Esto significa que 17 millones de personas no llegan a cubrir las necesidades básicas. Además, 8,5 millones se encuentran en situación de indigencia, lo que equivale a un 8,1 por ciento de la población.
Este dato surge del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, responsable de la investigación. Según sus datos, la pobreza aumentó 15 puntos porcentuales en la última década en base al deterioro general de las condiciones económicas, sociales y laborales.
En el primer semestre del año, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ubicó debajo de la línea de la pobreza al 36,5 por ciento de la población. La próxima estimación de este organismo se publicará en marzo de 2023.
Datos
Además de sostener que la pobreza afecta al 43,1 de las personas y 32,7 de los hogares en 2022, según la UCA podría ser más grave. Con la asistencia social actual se impide que la pobreza llegue al 50 por ciento y que la indigencia escale hasta el 20 por ciento, señalan sus datos. Se cuentan las prestaciones de los tres niveles del estado: municipal, provincial y nacional.
Sobre este tema, se señaló que el 40 por ciento de los hogares que habita un 50 por ciento de la población se recibió algún tipo de asistencia oficial o programa complementario del Estado.
La UCA reveló además que un 70 por ciento de la población está afectado en algún derecho fundamental. Esto quiere decir que no tiene acceso a salud, alimentación, educación, vivienda, servicios públicos, trabajo o hábitat saludable
“Al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social”, señala el informe. Además agrega que sólo un 40 por ciento de la población económica activa tiene un trabajo decente o digno -asalariado o no asalariado-.
Bases
Para la realización de su informe, la UCA no sólo cuenta los ingresos, sino que también evalúa las condiciones socioeconómicas generales. Toma en cuenta el acceso a la salud, alimentación, educación, vivienda, servicios públicos, trabajo y hábitat saludable.