La conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), teme que la quita de subsidios al transporte y el aumento del boleto, provoque una «masiva pérdida del empleo». El sector nuclea a unos 100.000 trabajadores y trabajadoras de los servicios del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia.
El consejo directivo de la UTA, que lidera Roberto Fernández, advirtió que «están en juego miles de puestos de trabajo», aunque prefirieron no dar cifras «porque será un proceso que estará directamente ligado a la quita de subsidios».
Asimismo, solicitaron a las autoridades de las secretarías de Transporte y de Trabajo, que «se garanticen las condiciones que permitan la continuidad del servicio público», al tiempo que admitieron que «no tenemos una respuesta a estos planteos que estamos formulando y que preocupan a nuestros afiliados y afiliadas».
Los responsables
Al respecto, la UTA señaló que «es responsabilidad exclusiva de las autoridades la determinación de las políticas públicas en materia de transporte de pasajeros ya que la actividad, en nuestro país, se encuentra regulada como un servicio público».
En este marco, expresó su «profunda preocupación» por el cambio de reglas (léase, quita de subsidios) y avisó sobre «las posibles consecuencias que generará dicha medida sobre el desenvolvimiento de la actividad y su repercusión sobre la fuente de empleo de 100.000 trabajadores y trabajadoras.
El gremio planteó que la suba de las tarifas debe encontrar «equidad y proporcionalidad con los ingresos de los trabajadores y sectores más vulnerables que son los principales usuarios» y agregó que «por ese motivo depende de los organismos del Estado la determinación de los ingresos de las empresas prestadoras necesarios para afrontar los costos de operación, ya sea a través de las tarifas o de los subsidios».
“Van a despedir choferes”
En diálogo con iProfesional, el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, explicó que «lo que no cubra el subsidio lo va a tener que pagar el usuario» y estimó que hoy, el precio del boleto si aportes del Estado «debe estar, en promedio, en 900 pesos», considerando que «un trabajador no tiene el poder adquisitivo para pagar semejante suba».
Frente a esta situación, sostuvo que «con las nuevas reglas, las empresas van a querer regular su economía a través de menos frecuencias de servicios, lo que significa menos puestos de trabajo, por ahí pasa nuestra preocupación».
«La postura empresarial es una ecuación normal. Van a ajustar a través de la reducción de gastos, que también incluye combustibles, gomas, repuestos y trabajadores», indicó y añadió que «todavía están los subsidios y por eso el valor del boleto no llegó a las 900. Las empresas privadas buscan la rentabilidad. Si no la tienen, quiebran. No hay otra alternativa».
Peligro en las provincias
Calegari remarcó que «el peligro latente es en las provincias, a las que se les ha sacado el subsidio por un capricho y castigo del presidente porque no se aprobó la Ley ómnibus. Pero también han anunciado que para marzo-abril van a hacer algo parecido en el AMBA. Si persiste esta situación de castigo a los que menos tienen». Aclaró que «esta es una transferencia de recursos. Un Robin Hood al revés; les saca a los pobres para darle a los ricos».
Reiteró que «es con la participación de todos los actores que se deben encontrar las soluciones a la crisis que envuelve al sector del transporte automotor de pasajeros, decisiones unilaterales o apresuradas sólo conducirán a una profundización de la misma».
El dirigente exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a «asegurar las condiciones que permitan la continuidad del servicio público en todo el país, advirtiendo que la suba de las tarifas debe encontrar equidad y proporcionalidad con los ingresos de los trabajadores y sectores más vulnerables, que son los principales usuarios del transporte urbano de pasajeros».