La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, suscribieron un convenio de cooperación para que personas probadas o condenadas en forma condicional puedan llevar adelante el cumplimiento de tareas comunitarias en la Municipalidad
Susana Medina destacó la importancia de la firma del convenio ya que permite “humanizar los procesos judiciales. Educar y capacitar a las personas es una tarea que tenemos que darnos. Nuestro interés es ayudar a alcanzar una nueva oportunidad. Apostamos a facilitar el camino de reinserción y colaborar para que las personas puedan adquirir un oficio y tengan la posibilidad de una nueva vida”, afirmó la magistrada para quien “es fundamental dejar de pensar en el castigo. Debemos ser facilitadores de nuevas oportunidades”, dijo.
El vocal Carbonell subrayó el objetivo del convenio y opinó que sus resultados “pueden alentar a otros a sumarse” al programa. Actualmente hay 16 personas, 3 de ellas mujeres, que cumplen diferentes tareas en el marco del acuerdo vigente on el Municipio.
Por su lado, el intendente Bahl detalló que la firma del convenio celebrado hoy es continuidad del rubricado el año pasado con el mismo objetivo y ponderó su alcance ya que “hemos tenido excelentes resultados”, dijo.
Y opinó: “Desde el municipio somos la parte práctica de un proceso de resociabilización. Esto habla de la manera que tenemos entre diferentes poderes de construir”, realzó tras detallar las múltiples posibilidades de capacitación que alcanzó el municipio a partir del vínculo con otras organizaciones académicas, gremiales y sociales.
En el acto, que tuvo lugar en el Salón de Acuerdos del STJ, estuvieron presentes el vocal Martín Carbonell, el director de la Oficina de Medios Alternativos (OMA), Fabricio Amatteis y la coordinadora de ese organismo, Valeria Fornara. También participaron el secretario general de la Municipalidad de Paraná, Nicolás Parera y el secretario de Gobierno, Santiago Halle.
Convenio
Las partes se comprometen a promover la realización de acciones de cooperación directa para la ejecución de tareas comunitarias en distintos estamentos educacionales en el marco de las Reglas de Conductas supervisadas por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
El convenio establece que las tareas a realizarse podrán ser de cualquier índole y modalidad, por el plazo que se establezca en la sentencia judicial, quedando su cumplimiento bajo la supervisión de la “OMA” que será responsable directa del contralor de las actividades realizadas, debiendo mantener una comunicación permanente y directa, en lo que refiere al cumplimiento de las tareas y los cursos de capacitación, con el director de área competente de la Municipalidad.
También ordena que la Municipalidad aceptará y brindará un espacio para posibilitar que el probado y/o condenado pueda cumplimentar su manda judicial de realizar tareas a favor de la comunidad, con el objeto de la reinserción social. El convenio tendrá vigencia por el término de un año, contado a partir de la fecha de su suscripción.(Fuente: APF)