En los Tribunales de La Paz tramita una causa en la que se discute si un policía debe ser llevado a juicio acusado de haber utilizado un vehículo oficial para irse de vacaciones. El caso se abrió en febrero de 2019. Tres años después, el Ministerio Público Fiscal pidió que el uniformado sea llevado a juicio oral y público por el delito de peculado y pidió 3 años y 6 meses de prisión.
El acusado es Sandro Gazali, exsubjefe de la Departamental La Paz de la Policía de Entre Ríos. Se le endilga que el 9 de febrero de 2019 fue interceptado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une a Paraná con Santa Fe, cuando volvía con su hija menor de unas vacaciones en Mar del Plata en un vehículo oficial de la Jefatura Departamental, marca Chevrolet.
El jueves último se realizó la audiencia de elevación a juicio ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. En la ocasión, el fiscal Oscar Sobko pidió que Gazali sea sentado en un banquillo, con una pena en expectativa de 3 años y 6 meses en suspenso.
En tanto, el abogado defensor Juan Marusich pidió el sobreseimiento de su cliente y apeló al fallo “Cozzi”, que el 6 de diciembre de 2021 dictó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Aquel fallo sentó un precedente en la provincia y preocupa al Ministerio Público Fiscal. Se estableció que la Fiscalía debe cumplir con un plazo para investigar en los términos del artículo 223 del Código Procesal Penal. Dicho artículo establece que para seguir investigando se debe solicitar prórrogas. Antes de este fallo, en los Tribunales se consideraba que el plazo sólo era “ordenatorio”.
El defensor del exsubjefe Gazali comentó: “Nuestro planteo fue el pedido de sobreseimiento basado en la extensión excesiva de los plazos, en función del fallo ‘Cozzi’ del STJ. Allí se hace un entendimiento del artículo 223 del Código de Procedimiento con el artículo 192, y entiende que los plazos son perentorios”.
“Si sale desfavorable (el fallo) la vamos a apelar. Y seguro que la Fiscalía, si sale desfavorable para ellos, también la va a apelar”, señalaron.
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Explicó que “la Fiscalía pide llevar el caso a juicio con una pena en expectativa elevada de 3 años y 6 meses. Consideramos que se debe dictar el sobreseimiento y en subsidio indicamos que no es la persona a la que le habían asignado el automóvil, sino que era el Jefe Departamental de ese momento. También citamos el plazo razonable en los procesos penales, con basamento en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.