El fiscal Guillermo Marijuan pidió suspender los planes sociales a los beneficiarios que compraron dólares en el último tiempo. Se trata puntualmente de aquellos que perciben el plan “Potenciar Trabajo”, aproximadamente unas 250 mil personas.
Esta solicitud del fiscal fue destinada a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, responsable de tomar la decisión. Dentro del espectro de 250 mil personas también se incluyó a quienes declararon Bienes Personales.
La nota fue enviada el viernes y en ella se indica que se abrió una investigación preliminar ante la posible comisión de un delito.
El texto de la misiva indica lo siguiente: “Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la Investigación Preliminar n° 120, en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°9, a mi cargo, a fin de solicitarle se sirva remitir a esta sede, con carácter de urgente, una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de datos que habría permitido detectar una numerosa cantidad de personas que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional, siendo también que declaraban bienes personales y percibían bienes sociales”.
Hechos previos
Anticipadamente, la ministra de Desarrollo Social había indicado que suspenderían el beneficio a aquellos que compraron dólares. Declaró que el Estado trabaja en el entrecruzamiento de datos y que todo aquel que haya utilizado el dinero de Potenciar Trabajo para comprar dólares sería suspendido de inmediato.
Esta investigación comenzó con el pedido de informe a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) el pasado 30 de junio. Por aquel entonces, el informe solicitado por Juan Zabaleta estableció que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el plan. Debían suspender esos planes debido a que compraron dólares para ahorro en los últimos seis meses o presentaron declaraciones juradas de Bienes Personales.
Tolosa Paz anunció por otra parte que procederán a la validación de la identidad de los beneficiarios. Con esto pretenden crear una mayor transparencia en el destino de los fondos y evitar distorsiones en esta política social.