Se conoció en estos días que en la provincia de Chubut se resolvió inmunizar contra el coronavirus a un centenar de personas alojadas en distintas cárceles y unidades penales.
En un contexto de faltante de vacunas, la controversia estalló en los últimos días en la provincia que conduce el gobernador Mariano Arcioni porque, en el listado de los internos vacunados, había detenidos que no están considerados como parte de la población con factores de riesgo.
Entre los vacunados figuran nombres de personas acusadas o condenadas por delitos graves como asesinatos, femicidios y narcotráfico.
El pedido original había sido impulsado por la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad, que depende del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut. Se trata de un organismo judicial independiente, y que había realizado un relevamiento donde se comprobó que unas 60 personas privadas de la libertad en Chubut integraban el grupo de riesgo sanitario y etario.
En ese marco, las autoridades judiciales solicitaron que ese grupo con comorbilidades reciba la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, según reveló el diario Jornada, se detectó que durante el operativo preventivo excedió los límites del pedido oficial y se aplicó la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca a jóvenes internos y otros detenidos sin factores de riesgo. Por ejemplo, 40 de los 53 vacunados en la Alcaidía Policial de Trelew y el Instituto Penitenciario y Provincial de Trelew tienen menos de 30 años.
El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se desligó del operativo y advirtió que fue “defensa pública” que “nos intimó a vacunar en las unidades carcelarias”. “Me impactó ver las fotos de las listas de los vacunados, vamos a hacer la presentación judicial”, apuntó en una emisora local. Sin embargo, justificó el planteo judicial porque “las condiciones de higiene y salubridad no son las convenientes” en las unidades penales. “Un brote en una unidad carcelaria sería muy complejo para el sistema de salud como pasó en la Unidad 6 de Rawson y en la Unidad 14 de Esquel”, reconoció el ministro en diálogo con Cadena Tiempo.
El Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, se mostró molesto con el hecho. A través de las redes sociales, difundió la noticia de los detenidos vacunados en las cárceles. Al igual que otros organismos judiciales, el funcionario había solicitado anteriormente vacunas contra el coronavirus para los fiscales y aquellos empleados que se desempeñan en el servicio de Asistencia a las víctimas de violencia.
El ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, reconoció que no hay condiciones de salubridad e higiene para avanzar en la vacunación de los presos.
Operativo
El relevamiento oficial arrojaba que entre la población objetivo de personas privadas de su libertad en el IPP, la Alcaidía Policial de Trelew, el Centro de Detención de la Comisaría Tercera, la Comisaría Cuarta y la Comisaría de Playa Unión, había 39 personas en condiciones de vacunarse contra el COVID-19 por edad o por pertenecer a grupos de riesgo. Otras once estaban en esa misma condición en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia y una decena en la ciudad de Esquel.
Sin embargo, se corroboraron las irregularidades en la Alcaidía Policial y en el IPP de Trelew –ubicado sobre la Ruta 3 camino a Puerto Madryn-, ya que solo allí se vacunaron 53 presos, en tanto otros 18 se negaron por escrito a recibir las dosis, un derecho que les asiste. La misma metodología se repitió en otras unidades penales.
En el oficio policial al que accedió Jornada se aclara expresamente que las vacunaciones se realizaron gracias a “gestiones realizadas por políticas penitenciarias”. El documento precisa que el área de Enfermería de la Alcaidía Policial había procedido a la vacunación dentro del propio lugar de detención.
Las personas vacunadas son conocidas en el ámbito provincial por su prontuario. Entre ellos está Diego Correa, de 49 años, otrora secretario del ex fallecido gobernador Mario Das Neves, condenado en causas de corrupción.
Uno de los casos llamativo involucrados en la lista es el de Nalib Zajur, un joven de 20 años detenido por un doble crimen narco ocurrido en 2018 en Puerto Madryn. Otro de los que recibió la inmunización es Dante Donnini, un hombre de 51 años condenado por el femicidio de la estudiante Diana Rojas, ocurrido en 2018 en la mencionada ciudad portuaria.
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