La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó que procesaron a Eduardo Luis Federico Anschutz, militar retirado que está imputado por delitos de lesa humanidad. Sus víctimas fueron un matrimonio de Gualeguay durante la última dictadura que tuvo lugar en el país.
Fueron los jueces Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Beatriz Aranguren los que rechazaron el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del represor, el doctor Pablo Moret. Este recurso iba en contra de la resolución del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que procesó a Anschutz en primera instancia.
El doctor Moret intentó legitimar el accionar del represor a partir de las facultades del Ejército en la “lucha contra la subversión”. Esta postura fue desestimada por el tribunal de manera unánime.
Origen del procesamiento
A Anschutz lo procesaron porque está imputado por delitos de lesa humanidad ocurridos cuando era militar del Ejército nacional. Puntualmente lo acusan de un hecho ocurrido el 18 de julio de 1978.
Siendo jefe de la sección de apoyo del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada N° 2 de Gualeguaychú formó parte de un procedimiento de “inspección domiciliaria”. Esa tarea se cumplió en una vivienda de calle San Antonio de Gualeguay y de allí secuestraron a una mujer; mientras que a su marido lo atraparon en la vía pública. En ninguno de los dos casos cumplieron con las formalidades prescriptas por la ley.
Luego trasladaron a la pareja hacia la capital provincial y la llevaron a la Unidad Familiar de la Unidad Penal N° 1. Por aquel entonces ese lugar era un centro clandestino de detención. En la acusación se indica que ambos estuvieron secuestrados y fueron sometidos a torturas hasta el 4 de agosto, cuando finalmente los liberaron.
Defensa
El abogado defensor sostuvo que su defendido no recuerda haber presenciado o participado de esos hechos, ya que transcurrieron 45 años. De igual manera, no pudo negar su intervención porque la firma y letras insertas en la fotocopia del acta que le exhibieron tenían similitud con las suyas.
Se trata del acta de inspección domiciliaria realizada en la vivienda de las víctimas. Esa prueba y las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para el procesamiento.
Otro argumento del defensor fue que la actitud del militar de dejar constancia de su identidad en poder de los familiares de las víctimas es una muestra de que no tenía conciencia de estar cometiendo algún delito.
En definitiva, toda esa apelación fue rechazada y el hombre será procesado por el crimen ocurrido en 1978.
Fuente: Diario Uno.