Aduana radicó una denuncia penal contra la empresa Ambiental Campana S.A., motivo por el que se realizaron 38 allanamientos de los cuales algunos tuvieron lugar en Entre Ríos. Además del territorio provincial, también allanaron locales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), Córdoba y Santa Fe.
La empresa fue denunciada por el presunto fraude en los términos del Artículo 863 del Código Aduanero. La intención del ente nacional es aplicar una multa mínima de 67 millones de dólares. El caso está en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay; y la Secretaría Penal N° 3 a cargo del doctor Felipe Scagliotti.
El caso
Esta denuncia apunta a la realización de 119 exportaciones de oleínas y ácidos grasos que habrían sido subfacturadas en más de 11,5 millones de dólares. Aunque el valor real de las operaciones asciende a 16.765.044 dólares, Ambiental Campana las declaró en el país en poco más de cinco millones. De confirmarse el hecho, la subfacturación sería de casi el 70 por ciento.
Estas exportaciones se realizaron entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 con destino en Chile. La obtención de la información llegó tras un cruce de datos en el Indira, Sistema de intercambio de información de los registros aduaneros del Mercosur. Con esa información, Aduana advirtió diferencias entre lo declarado en la Argentina y lo indicado en Chile.
En estas operaciones intermedió una firma radicada en Estados Unidos con la que Ambiental Campana declaró no tener vinculación comercial en los términos del Artículo 742 del Código Aduanero. Sin embargo, Aduana no observó un aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador que justifique los márgenes de refacturación.
Es así que presumen que la intención de la maniobra era ahuecar la base imponible de su operatoria en la Argentina. Así evadiría el pago de tributos internos y no liquidaría las divisas correspondientes a las exportaciones en cuestión.
Allanamientos
Con la denuncia de Aduana realizada, realizaron los allanamientos ordenados por el juez González Charvay: en total fueron 38, algunos de ellos en Entre Ríos. Entre los lugares allanados hay estudios de despachantes de aduana, domicilios particulares, plantas, oficinas, locales comerciales y estudios jurídicos contables.
El trabajo estuvo en manos de efectivos de la Policía Federal, que secuestraron computadoras, teléfonos, discos rígidos y todo tipo de documentación. Además se encontraron con una escopeta y dos revólveres -uno de ellos sin habilitación-. En este caso intervino la Unidad Fiscal de la ciudad de Gualeguaychú.