A José Zavaleta aún le cuesta recordar. “¡Por Dios!, ¡por Dios!, ¡por Dios…”, exclama varias veces durante el relato que lo lleva, de nuevo, a las semanas que estuvo en la cárcel de El Salvador, por acusaciones de asociaciones ilícitas. Intenta mantener la serenidad, pero es imposible: su voz se quiebra y da paso al llanto varias veces cuando recuerda las humillaciones o cuando cuenta cómo vio a uno de sus trabajadores agonizar después de la golpiza que custodios y policías les dieron el día que llegaron a la cárcel.
“Nos hicieron un pasillo donde se formaron dos filas de agentes, policías incluidos, para darnos el recibimiento; derecha e izquierda, dos filas. Nosotros, sólo en bóxer, teníamos que pasar en medio de ese pasillo, ya prácticamente agonizando, sin tomar agua, bajo el sol, torturados con las esposas, hincados dos horas afuera del penal. Horrible, físicamente las fuerzas se terminan”, cuenta José su entrada al penal de Izalco, una de las cárceles que se han convertido en emblema del régimen de excepción decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en marzo de 2022, el cual ha suspendido varias garantías constitucionales relativas al derecho de defensa y al debido proceso y bajo cuyo amparo unos 68.000 salvadoreños han ido a parar a las prisiones.
“Levántate perro, maldito…”, alcanzó a oír José cuando ya su vista sólo le devolvía imágenes borrosas de las patadas y garrotazos que la fila de custodios hacía llover sobre él y sus compañeros.
Como los demás, José había intentado correr, con la cabeza agachada y las manos sobre la nuca, para evitar los golpes. Fue en vano. Un garrotazo le dio en la pierna y lo hizo caer.
“Empezó el golpeo de parte de los agentes, patadas, garrotazos, puñetazos por todas partes del cuerpo, sólo zumbaban los garrotazos, fiusss, fiusss, fiusss, y los macanazos, plum, plum, plum… Yo tuve mala fortuna, con una patada que me dieron en la pierna derecha me atrofiaron el muslo, me doblé y caí hincado”, cuenta. Si no murió ahí mismo, dice José, es porque él juega fútbol: “Si yo hubiera llegado en otras condiciones físicas quizá hubiera muerto como los demás compañeros que han fallecido, porque fallecieron muchos.”
Primera parte del testimonio de un reo que relata abusos en una cárcel salvadoreña durante el régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele
Uno de los que murió después de aquella golpiza fue Marco C. (Algunos nombres que aparecen en esta historia se han cambiado a petición de las víctimas, quienes temen represalias por haber contado lo que pasó en la cárcel). Marco tenía dos meses de trabajar para José Zavaleta cuando los capturaron, a ellos y a otros dos trabajadores.
Cuando vio a José tirado en el suelo por el dolor en la pierna, Marco C. se interpuso entre su jefe y el custodio que lo molía a garrotazos. El trabajador se llevó la peor parte.
A José y a sus empleados los detuvieron en marzo de 2022, cuando el régimen de excepción apenas empezaba. José tiene una flotilla de vehículos en los que reparte insumos y hace viajes desde los suburbios populares en el este de San Salvador, la capital. Trabaja con tiendas, escuelas y restaurantes de la zona.
El día que la policía lo fue a arrestar, José Zavaleta intentó llamar a sus clientes para que dieran referencias de él al oficial de la policía salvadoreña que dirigía el operativo de captura. De nuevo, fue en vano: “Le hables a quien le hables te vamos a llevar, esto es régimen (de excepción)”, recuerda José que le dijo el oficial. Y se lo llevaron.
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Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, decretó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 y la Asamblea Legislativa, que él controla, lo ratificó a las pocas horas. El origen del régimen es una matanza de 87 personas perpetrada por las pandillas MS13 y Barrio 18 luego de que un pacto de gobernabilidad que mantenían con Bukele y sus funcionarios se rompió.
Bukele ha negado el trato con los pandilleros, pero autoridades estadounidenses del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado lo han desmentido en documentos oficiales en los que acusan a dos funcionarios cercanos al presidente de administrar el pacto para obtener beneficios electorales y reducir las cifras de homicidios en el país. A cambio, el gobierno salvadoreño benefició a líderes de la MS13 blindándolos de la extradición a Estados Unidos o, simplemente, sacándolos de la cárcel.