“Ya hicimos lo más difícil. Listo ya viene lo suave. Por eso digo que no le peguen más a ese man. Solo Amor. Para que pague rápido y ya”. Ese mensaje le siguió al envío de una fotografía de Juan José Benavides Velasco, con el ojo morado y atado de pies y mano. Al empresario -de nacionalidad colombiana-, que ya llevaba cuatro días secuestrado, una cinta en la boca le impedía gritar.
Todo comenzó el 30 de julio, cuando Benavides Velasco y su custodio Carlos Andrés Martínez Arenas, que se trasladaban en una Baig x 35 Luxury, fueron interceptados, en la playa de estacionamiento del centro comercial “Torres del Sol” de Pilar, por falsos policías que bajaron de un Fiat Siena y un Nissan March.
“Están detenidos”, les dijeron los uniformados a la vez que los apuntaban con armas y les ordenaron poner las manos sobre el vehículo para atarlas con precintos. Sabían lo que hacían. Se trataba de Fernando Daniel Canda y José Juan de Dios Romero, dos expolicías.
Cuando intentaban meter, contra su voluntad, a Arenas en el Siena, Benavides -que en su país se dedica a hacer operaciones con bitcoins y está involucrado en una causa de estafa piramidal– comenzó a correr pidiendo auxilio y llegó a refugiarse en uno de los locales gastronómicos del lugar.
Los captores huyeron sin lograr su cometido.
Pero no se dieron por vencidos. El 12 de agosto, la banda logró colarse en el exclusivo Country Golf Club Argentino, de José C. Paz, y llegar hasta la casa del lote 122 que ocupaba el empresario colombiano y su familia. Lo hicieron gracias a la colaboración de Fernando Magallanes, un chofer de UBER apodado “Messi”, que ya registraba ingresos en el barrio.
En la puerta de la residencia, retuvieron a la esposa, la suegra y la hija, menor de edad. Les sacaron sus celulares y pasaportes. Poco después llegaría a la casa el operador de criptomonedas, sin su escolta, al que había mandado a comprar cigarrillos.
Los secuestradores lo golpearon, lo tiraron al suelo, lo maniataron de pies y brazos, le colocaron una venda en los ojos, y le exigieron que facilite las claves de ingreso a sus dos celulares y el pago de 10 millones de dólares. Luego, llegó el hombre de seguridad, que también fue reducido.
Arenas fue el primer liberado. El custodio, de la misma nacionalidad, viajó el 14 de agosto a Colombia y se contactó con la madre de su jefe. Le contó que los captores habían dicho que eran del “cartel de Otoniel”, el alias del temido narcotraficante Dairo Antonio Úsuga David.
Mientras tanto, los miembros de la banda -integrada por tres argentinos y ocho colombianos que ingresaron al país para cometer el secuestro- se comunicaron con el tío de la víctima. Le reclamaron el dinero y la entrega de un departamento ubicado en la ciudad de Cali.
El 20 de agosto, las tres mujeres -esposa, suegra e hija- intentaron regresar a Colombia en un vuelo que tomarían en el Aeropuerto de Ezeiza. No lo lograron: la alerta migratoria que pesaba sobre ellas lo impidió. Sucede que ya estaba en curso la investigación conjunta entre la Policía de la Provincia y la Policía Federal.
En tanto, Benavides Velasques fue traslado primero hacia la calle Pedro Lagrave 1030 de la localidad de Pilar, y después hasta Posadas 355 del barrio Parque Irizar de Fátima, en el partido de Pilar.
Antes, se llevaron un cuantioso botín: 20 mil dólares, un Rolex, una cadena de oro blanco y diamantes blancos, una cadena de oro blanco y diamantes negros, una computadora portátil marca Apple, una computadora portátil marca Assus, cuadernos con distintas anotaciones relativas a claves de acceso a billeteras digitales “Wallets”, y contraseñas de correos electrónicos, y el 90% de las prendas de vestir que tenía el empresario colombiano, entre otros elementos.
El mismo día en el que impidieron la salida del país a la familia del cautivo, detectives encubiertos divisaron a cinco personas que se iban caminando de ese último domicilio, en Pilar. Los detuvieron, entre ellos, estaba el empresario colombiano cautivo.
Este martes, los integrantes de la organización de secuestradores fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de que fueran identificados por las víctimas.
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En el caso intervinieron la DDI de Pilar y el Departamento Antisecuestro Norte de la PFA, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Asimismo, la causa estuvo bajo la órbita del fiscal Sebastián Bringas y el fiscal antisecuestros Santiago Marquevich.