Tras tres semanas de debate en comisión, el Gobierno confía en que esta semana conseguirá el dictamen en el Senado de la Ley Bases y el paquete fiscal que ya tiene media sanción en Diputados.
A diferencia de lo que fue el tratamiento en la Cámara baja, en el Senado ambas iniciativas tuvieron largas jornadas de debate con la participación de especialistas de distintos rubros que dieron su opinión sobre los proyectos. Está situación echó por tierra la intención del Gobierno de tener la ley aprobada antes del 25 del corriente y obligó al oficialismo a postergar el Pacto de Mayo
Para lograr el tan ansiado dictamen, desde Balcarce 50 aceptaron incluir modificaciones que los distintos bloques le realizaron a los proyectos, que van desde algunos cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), hasta los artículos que tratan sobre la reforma laboral y la reforma del Estado.
A pesar de las concesiones, las discusiones aún no están del todo saldadas porque desde el Gobierno se resisten a aceptar cambios en cuestiones claves para la oposición como la restitución de la cuarta categoría al pago del Impuesto a las Ganancias y la privatización de Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino.
«La Libertad Avanza deberá decidir si acepta la cantidad de cambios que reclaman los bloques dialoguistas. Básicamente el Gobierno tiene que tomar la decisión de aceptar los cambios o retirar la ley bases», expresó el periodista Ezequiel Rudman en No la ven
De todas maneras, y luego de dos intentos fallidos, el Gobierno buscará contar con dictamen para ambos proyectos el próximo miércoles para seguir negociando con los distintos bloques de cara al tratamiento en el recinto, donde aún no cuenta con los votos necesarios para ganar la primera batalla legislativa.
Los cambios que solicitaron los senadores
El miércoles pasado, el oficialismo terminó de recabar todos los pedidos de modificaciones por parte de los senadores dialoguistas por escrito y el plenario de comisión y la comisión de Presupuesto y Hacienda entró en cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.
Si bien el Ejecutivo ya aceptó varias modificaciones (RIGI, la más polémica), aún resta saber qué hará el Ejecutivo con otras. Uno de los nuevos reclamos que apareció fue la eliminación de algunas palabras del texto referido a las facultades delegadas y su incidencia en el sector público.
El senador de Unidad Federal Edgardo Kueider pidió eliminar la palabra «disolución total o parcial». De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa.
En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización. Para defender su postura, aseguró que «no todos los organismos del Estado pueden dar superávit».
El senador radical Víctor Zimmermann le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino.
No obstante, el chaqueño sostuvo que, de concretarse las privatizaciones, pidió que los eventuales dueños mantengan las rutas deficitarias. Lo mismo para el Correo Argentino: «Es un tema central para los pueblos del interior».
En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que «sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario».
Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales. En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: «Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes».
También tocó el tema previsional: «Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres».