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Un Policía Federal fue detenido por tráfico de material de abuso infantil

El implicado, es jefe de la Brigada de Investigaciones de Cuyo.

La Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal y la Delegación San Juan de esa fuerza resultaron convulsionadas por la detención de uno de sus efectivos. El jefe de calle de la provincia, el oficial principal Matías Carrizo, fue arrestado bajo la acusación de tenencia y tráfico de material de abuso infantil.

Se trata del titular de la brigada de Investigaciones, quien es hijo del máximo responsable de la Agencia Regional Cuyo, comisario mayor Silvio Carrizo, informaron fuentes citadas por medios locales.

La detención la requirió un fiscal

La detención había sido solicitada por el fiscal Roberto Mallea, del centro judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI). Luego, fue concedida por el juez de Garantías Federico Rodríguez.

El sospechoso se entregó en la Central de Policía de San Juan el domingo último al mediodía, pero, este miércoles, permanecía alojado en una comisaría de Chimbas, a disposición de la Justicia.

Al acusado se le confiscaron tres computadoras y cuatro teléfonos celulares con el fin de que sean peritados.

¿Cómo comenzó la investigación?

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) puso en su mira al ahora detenido de la Policía Federal. Se trata de una organización sin fines de lucro que fue creada en 1984 por el Congreso de Estados Unidos.

Cuando los expertos en informática del NCMEC detectan tráfico de fotos o videos de material de abuso infantil, se rastrean las direcciones electrónicas desde las que se carga y se difunde. 

Y, si los implicados no residen en el país norteamericano, se reporta la situación la nación de origen por vía diplomática.

Leé también: https://entremediosweb.com/ataco-ferozmente-a-su-novia-porque-un-amigo-suyo-quiso-bailar-con-ella

En el caso de Argentina, esos informes son enviados a la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, y a través de un convenio con todas las fiscalías del país se motorizan las investigaciones en cada provincia.

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