En las últimas semanas, la intendencia de San Miguel de Tucumán determinó un recorte en el personal contratado de manera irregular. Como consecuencia de esto la intendenta de esa ciudad, Rossana Chahla, denunció que recibió amenazas por parte de empleados despedidos. El caso se encuentra bajo investigación.
Primeramente la jefa municipal brindó detalles sobre el personal desafectado por medio del decreto N° 6314 y por la caída de contratos temporarios. Estas medidas alcanzan a unas 2.529 personas que fueron incluidas en la planta de manera irregular por la administración anterior. Para tomar esta decisión, antes se llevó a cabo una investigación interna liderada por una comisión que conformó la Secretaría General municipal.
Del total de 2.529 personas, 590 habrían sido designadas por la gestión precedente entre el 1 de septiembre y el 27 de octubre de 2023. De estas designaciones, 180 son directas en planta interina y 410 son en planta interina con contratos previos.
Otras 1.107 personas se desafectaron tras ser nombradas entre el 30 de mayo 30 de junio de este año por medio de 27 decretos. Solo 47 de ellas contaban con una antigüedad mayor a cinco años.
Habrá además 1.422 personas que dejarán de formar parte de la planta municipal desde el 31 de diciembre, debido a la caída de contratos que, en promedio, no superan los 50 mil pesos. Se trata de personas que prestaban servicios de manera precaria.
Denuncia
La intendenta señaló que la planta de empleados de la municipalidad era de 4.300 personas y el presupuesto se elaboró para esa cantidad. Sin embargo nombraron un total de 2.529 personas desde el 1 de junio hasta la actualidad. “Eso habla de la irresponsabilidad, porque tampoco se amplió el presupuesto para pagar a esas personas”, señaló Chahla.
“Vamos a achicar el gasto público para que pueda volver al vecino en obras”, advirtió y aseveró que originalmente los empleados representaban un 27% de los fondos, pero sólo teniendo en cuenta el sueldo básico de los 4.300 originales. En realidad afecta al 50% de lo recaudado por el municipio.
Entre los designados encontraron a más de 41 parientes de exfuncionarios. Se encuentran con nombre y apellido entre las designaciones de los últimos meses. “Eso no nos parece que sea correcto”, indicó. Luego explicó que sí reconocen al personal que está trabajando en brindar servicios.
Finalmente, la intendenta denunció las amenazas que sufrió supuestamente por parte de empleados municipales despedidos. “Nos preocupa sobremanera la intencionalidad que tenemos afuera, la violencia con la que ayer empezar a atacar el edificio. Con eso también puede caer alguna persona”, manifestó.
“En ese contexto es que hice la denuncia penal, con todas las pruebas, con todos los videos, con todos los nombres de las personas y lo que llama la atención es que funcionarios elegidos por el pueblo, exfuncionarios, concejales y legisladores no den el ejemplo y estén incitando a la violencia”, dijo luego.
“Estamos muy preocupados por el tenor de violencia, porque cada vez son más las amenazas que recibimos y quiero denunciar públicamente que si ocurre algo grave, una muerte, un herido voy a responsabilizar directamente a estas personas. Hemos recibido muchas amenazas hablando hasta incluso de muerte”, sentenció.