Tras la salida de Omar Perotti del poder, el domingo 10 de diciembre asumió como gobernador de la provincia de Santa Fe Maximiliano Pullaro, un hombre que conoce a fondo la problemática del narcotráfico, ya que fue ministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich en la cartera a nivel nacional.
A solo 24 horas del comienzo de su gobierno, la primera medida que tomó fue volver a poner en marcha el sistema penitenciario estricto, lo que podría llamarse un “Plan Bukele”, ya que la reforma se asemeja a lo impuesto por el presidente de El Salvador, donde se redujeron drásticamente los delitos graves y homicidios.
Para el gobierno provincial, los hechos que vienen ocurriendo en todo el territorio santafecino, pero sobre todo en Rosario y la capital, son planificados desde las cárceles, donde están detenidos cientos de sicarios y jefes narcos que manejan los hilos desde una celda común, teniendo la posibilidad de contactarse con el afuera muy fácilmente, ordenando amenazas y crímenes por Whatsapp.
Justamente, este martes, Pullaro recibió una advertencia mafiosa después de anunciar que restablecerá el sistema con el que tratará de luchar contra este flagelo. El gobernador cree necesario un cambio rotundo que tiene varios ejes. Algunos pueden modificarse a largo plazo, mientras que en otros deberá tener banca a nivel nacional, para poder ejercer control también en los penales federales.
Entre las medidas a corto plazo, Pullaro dispuso la restitución de los pabellones de alto perfil (máxima seguridad), donde los delincuentes más peligrosos deberán purgar su condena. Este sistema no es nada nuevo, sino que fue implementado durante su gestión como ministro de Seguridad, pero fue discontinuado por el exgobernador Omar Perotti.
“No sabemos el motivo, pero cuando asumió dispuso que todos los presos estén juntos en el mismo pabellón, sin control alguno y sin una política de Estado para desterrar los delitos adentro de las cárceles. Con eso hizo un home office de la delincuencia”, aseguraron fuentes del gobernador en diálogo con TN.
Otra de las medidas ordenadas por el actual gobierno fue colocar nuevamente cámaras de vigilancia que monitoreen “24/7″ a los reclusos, esto significa controlarlos las 24 horas, los siete días a la semana, al igual que se hizo en El Salvador.
Además, dentro de los pabellones de alto perfil existen vidrios de blindex, más precisamente en los sectores donde los presos reciben visitas, para que no tengan contacto directo con los familiares y sus abogados. “Eso nos permite tener un mayor control de estos reclusos. El objetivo es que desde los penales no se cometan delitos”, aseguró el gobernador.
Por otro lado, y algo muy importante para frenar los delitos dentro de los penales, es la implementación de inhibidores de señal telefónica. Según informaron fuentes del gobierno a TN, muchos de los aparatos ya están instalados, pero fueron dados de baja durante la pandemia, ya que los presos debían comunicarse con sus familiares. “Una vez reactivados, no los vamos a bajar más”, sostuvo Pullaro.
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Por último, dentro de las medidas a corto plazo se incluye la suspensión del ingreso de alimentos a las unidades penitenciarias, ya que “no se puede requisar la entrada de alimentos de todos los presos”, aseguró el gobernador. Por eso, volverána disponer de cuatro comidas al día que serán provistas por el Servicio Penitenciario. Con esto evitarán que entren elementos extraños a las cárceles.