La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, en EEUU, volvió a fallar en contra de la Argentina, que se encamina a tener que negociar con el fondo inglés Burford cuál es la compensación por la expropiación de YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Si bien Preska no fijó una cifra, optó por el peor escenario para el país, que ya había sido encontrado culpable de expropiar mal la petrolera. Eso quiere decir que decidió que el esquema de compensación económica que propuso la querella era el adecuado: Burford, un estudio que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios, negociar con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos, dijo que el resarcimiento debía rondar los USD 16.000 millones; el Estado argentino, en tanto, indicó que esa cifra era de USD 5.000 millones. Hoy la empresa tiene un valor de mercado de USD 11.800 millones.
Ahora, las partes deberán negociar sobre la base del tope del reclamo. Ya había trascendido que el fallo será apelado por la Procuración del Tesoro, algo que confirmaron esta mañana fuentes oficiales a Infobae, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, dijo en Twitter que el Estado “apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”.
“Preska optó por el peor escenario de los que estaban en juego para la Argentina, pero no fijó el monto”, detalló Sebastián Maril, en diálogo con Infobae. El CEO de Latin Advisor es quién con más detalle siguió esta extensa causa que ya lleva ocho años tramitándose en EEUU.
Vale recordar que Burford y Eton Park, los demandantes, señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF. El Estado argentino, en tanto, sostuvo que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012 que es la fecha en que entró en vigor la ley.
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“Ahora habrá apelaciones, pero al final las partes se deberán sentar a hablar para llegar a un acuerdo y luego llevarle una propuesta económica a la jueza. Es algo que se termina arreglando entre partes, con el visto bueno final de ella. Estaba seguro que la jueza no iba a poner el monto, pero esta decisión fija el escenario de negociación. Pensé que quizás iba a ser una cifra más cercana a USD 10.000 millones, pero optó por la punta más alta, USD 16.000 millones”, detalló Maril.