Beneficiarios del fallo en el caso YPF piden a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, 30 días para comenzar a embargar los activos del Estado. Argumentan su reclamo en los antecedentes del Gobierno de evitar sentencias dictadas en los Estados Unidos y en “declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la sentencia”.
En su momento, “el Estado no cumplió con el estatuto de la petrolera YPF y estaba obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el 49% no expropiado”, escribió el especialista Sebastián Maril en su cuenta de Twitter.
Frente a este escenario en el que ya se anunció que los abogados del Estado apelarán la sentencia, los actores perjudicados por la estatización de la petrolera comenzaron a solicitar embargos.
“Estaba convencido de que Burford iba a esperar a comenzar el proceso de embargos hasta que se conociera la identidad del nuevo Presidente y negociar con sus abogados. Lo que están haciendo con esta carta es que afirmar que no van a demorar el proceso de embargos. Quieren embargar desde ahora”, sostuvo Maril.
Los antecedentes
El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el principal destinatario de las críticas en el fallo en contra de la Argentina por la estatización de YPF. La sentencia de Preska, puso especial énfasis en las declaraciones y la responsabilidad del entonces viceministro de Economía de Cristina Kirchner.
La magistrada cuestionó los dichos de Kicillof al asumir como interventor de la empresa, en 2012. El actual gobernador bonaerense “aseguró descaradamente que era estúpido respetar los estatutos de la petrolera”, remarcó el escrito. Así, buena parte del fallo contra el Estado se basa en una mala praxis expropiatoria que se sostiene con fechas y valores de las acciones de la empresa en ese momento. Para justificarlas, en gran parte se usan declaraciones públicas de Kicillof.
Entre los ejemplos de embargos en la Argentina, uno de los episodios más resonantes fue el de la Fragata Libertad y los 77 días en las que estuvo detenida en el puerto africano de Tema, Ghana, entre el 4 de octubre y el 12 de diciembre de 2012.
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Pero la lista de los bienes argentinos que fueron embargados tras la crisis de 2001 es más extensa y significativa. Algunos inmuebles como la residencia del embajador en Washington y otras 11 propiedades argentinas en los Estados Unidos fueron confiscadas. También la casa-museo donde pasó sus últimos años el Libertador General José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, al norte de Francia.