En la Justicia Federal de Paraná hay 100 causas por fiestas clandestinas y la misma cantidad de actas a organizadores y asistentes. Así lo indicó el fiscal federal interino Carlos García Escalada.
En declaraciones a Análisis, el funcioanrio confirmó que “en la Fiscalía Federal de Paraná el número debe estar llegando a más de 100 en causas y alrededor del mismo número de actas que se están procesando”.
García Escalada especificó que “luego de efectuado el examen de las actas y judicializar la causa, una vez que se precisaron los hechos, se pide al juez federal de Paraná que fije audiencia para recibir declaración indagatoria, acto que se lleva a cabo frente al juez”. “Al día de hoy, hay fijadas audiencias indagatorias de reuniones sociales no autorizadas con agenda completa hasta, por lo menos, el mes de agosto”, puntualizó.
En ese marco, “en la Fiscalía Federal de Victoria hay alrededor de 30 causas ya judicializadas y un número un poco mayor de actas que se están trabajando para analizar si corresponde o no su judicialización”, puntualizó el fiscal.
Multas y penas
Sobre las penalidades, García Escalada informó que “la pena del artículo 205 del Código Penal lega hasta los dos años de prisión, y en el caso de funcionarios públicos hay una inhabilitación por el doble de tiempo de la condena lo cual es sumamente relevante porque es un adicional de pena”. Ahora bien, se trata de una causa penal que, en caso de sentencia condenatoria, genera un antecedente penal”, destacó.
Como ejemplo, el fiscal confirmó que el episodio que se vivió en un yate que partió desde el Club Náutico de Paraná con gran cantidad de jóvenes a bordo y luego terminó hundido en la Isla Bonita generó “una causa judicial que se encuentra en trámite” aunque evitó brindar información del estado de la investigación en la etapa instructoria.
La situación de Uruguay
Por su parte, el juez Federal Pablo Seró, dijo que en el Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, “probablemente habrá alrededor de unas 300 causas”.
El funcionario destacó que “lo que han hecho los municipios es establecer sanciones económicas que traen aparejado el secuestro de vehículos y demás cuestiones, que han causado un mayor impacto como sanción que la pena en abstracto que puede aplicar la justicia. Lo que hemos hecho ha sido coordinar esas acciones, no para no criminalizar las conductas sino para que el ciudadano tome noción de que, en determinado momento, se deben sacrificar las libertades individuales en beneficio del bien común”.