Ingresará en la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de Paraná, un proyecto de ordenanza impulsado por el justicialismo y que propone multas que oscilan entre los 270 mil y casi 2,3 millones de pesos para quienes realicen reuniones sociales y violen las restricciones establecidas. Desde Juntos por el Cambio adelantaron que respaldan “el espíritu” de la iniciativa, pero quieren tratarla en comisión para evaluarla en detalle y evitar errores sobre la potestad del Municipio.
El proyecto, que ingresará en la sesión prevista para este jueves a las 9, contempla severas multas que oscilan entre los 269.000 y los 2.243.000 pesos para las reuniones sociales que se realicen en esta capital, violando las restricciones establecidas en el marco de la Pandemia Covid – 19. También contempla, además, la clausura del local donde se realicen las referidas fiestas clandestinas.
Respaldo opositor
El bloque de concejales de Juntos por el Cambio aseguró que acuerda con el espíritu del proyecto, pero adelantaron a esta Agencia que plantearán que la iniciativa sea discutida en comisión: “La idea es analizar el proyecto en detalle y lograr que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para no cometer errores en torno a la potestad del Municipio”, dijo a esta Agencia el conejal Maximiliano Rodríguez Paulín.
La iniciativa, autoría de los ediles oficialistas Luisina Minni, Sergio Elizar, Fernanda Facello Geréz, Ana Ruberto, Sergio David Cáceres, Marta Susana Farías, Sergio Granetto y Claro Núñez (Frente Justicialista Creer), se fundamenta en que “con estas medidas el Estado busca proteger a todas y todos de la propagación del virus de manera acelerada, cuidando que las Unidades de Terapia Intensiva de la ciudad de Paraná no colapsen”.
La medida propuesta alcanza a las personas humanas y jurídicas, responsables de organizar, promocionar, realizar, prestar servicios y concurrir a reuniones, encuentros, fiestas o cualquier evento familiar que no cuente con la debida autorización, cuando correspondiere, o en la que no se respeten los límites reglamentarios impuestos durante la pandemia Covid – 19 y se realicen en violación a las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, en lo que respecta a reunión de personas.
Las multas previamente consignadas se incrementarán en un 30% para aquellos casos en que la infracción sea cometida por funcionarias o funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o jerarquía.