La situación que se investiga a un vigilador de una empresa de seguridad privada de Paraná, que debe enfrentar la responsabilidad de haber baleado en el glúteo a un adolescente que ingresó sin permiso a un barrio privado, avanza con acumulación de elementos probatorios que apuntalan la responsabilidad de imputado.
Quedan algunas dudas, es sobre cómo se originó el incidente, para lo cual, hay un descargo de la empresa que cubre la seguridad en el predio ubicado en la zona de Bajada Grande.
El hecho
El domingo 4 de agosto, alrededor de las 14, un menor fue baleado un arma de fuego calibre 22. El adolescente dijo que había entrado a busca a su perro, pero el guardia sostuvo que se habría tratado de un intento de robo.
Desde la fiscalía a cargo de Erick Zenklusen, se siguen tomando medidas para establecer cómo ocurrió el hecho. Por ello, en las últimas horas, personal de la comisaría 11°, retiró imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa de seguridad privada SeguCar que tiene a su cargo, el servicio de custodia en el predio, como también del propietario de una vivienda en construcción, que podrían aclarar en parte, si es verdad que el menor ingresó a robar, y el vigilador extrajo el arma de fuego y le disparó.
Lo primero que recibió el fiscal, fue la información oficial de la propia empresa de seguridad privada, quién advirtió que no cuenta con personal autorizado para portar armas en sus servicios de seguridad.
Además, hizo notar la firma que no estaban al tanto que el operario llevaba en su bolso, el arma de fuego con la que atacó al menor.
Con este panorama, la empresa dispuso sancionar al vigilador. En medio de la causa judicial, se le ofreció el abogado de la misma para tener un mejor respaldo legal, pero a través de la Secretaría de Trabajo envió un certificado por problemas sicológicos y psiquiátricos, por el mal momento que le toca vivir.
La decisión de la empresa, sería despedirlo con causa justa.
El imputado de lesiones graves, tiene 50 años, y trabaja en la empresa de seguridad desde hace unos 15 años. Nunca tuvo problemas, ni incidentes, hasta que se conoció esta novedad, que llevaba a sus servicios, un arma de fuego sin autorización.
Controles
Las empresas de seguridad privada en la provincia de Entre Ríos, son controladas por la Policía provincial, y específicamente por la División Trata de Personas, que cuenta con una oficina técnica de seguimiento y monitoreo de la actividad.
Además de la causa judicial que lleva adelante la Justicia de Paraná, la Policía de Entre Ríos, abrió una investigación administrativa para establecer qué pudo haber ocurrido.
Es la primera vez que la empresa tiene un monitoreo administrativo, y que puede terminar, si se deslinda la responsabilidad del vigilante en una sanción para la firma de Paraná.
Se hizo saber que la empresa puede argumentar no haber estado al tanto del incidente, pero es responsable solidariamente de todo lo sucedido. De allí al no contar con antecedentes, se la podría multar con un valor que puede llegar a ser la sanción grave, ya que hubo una persona baleada, el cobro de 2.500 litros de nafta súper, es decir que como máximo podría afrontar una infracción de unos 450.000 pesos.
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La decisión final de la posible sanción recaerá en el director de Investigaciones Angel Ricle, y si llega ser apelada, será ante el gobernador Gustavo Bordet.
Otros, entienden que la sanción podría llegar a ser un llamado de atención, por carecer de incidentes.