En sus redes sociales, el ex militar e impulsor del levantamiento “cara pintada” realizó una convocatoria que se volvió viral. Esto despertó el repudio de organizaciones de Derechos Humanos y derivó en la decisión del Estado nacional, que denunció a Aldo Rico por su publicación.
A través de un video, Rico convocó a sus camaradas a “defender a la patria” y a “reunirse para organizarse”. El video con el que hizo su pedido se publicó en su perfil personal de Twitter y estuvo acompañado de un mensaje.
“Camaradas, debemos tener el honor de defender a nuestro pueblo, como dijo el gran General San Martín: ‘cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla’”, señaló.
Ante esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una denuncia penal ante la justicia. Lo acusan de delitos contra el orden constitucional a partir de la difusión del video. La acusación se completa apuntando a Rico por convocar a militares (retirados y en actividad) a “alzarse contra la Constitución Nacional” y a “deponer a los poderes públicos democráticos”.
“Se solicita a la justicia federal que investigue de manera urgente las expresiones de Rico ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas, tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal”, indica después la información.
La Secretaría de Derechos Humanos añade que las expresiones son contundentes y tuvieron repercusión. Además argumentan la idoneidad de Rico tomando en cuenta su rol como ex teniente coronel del Ejército y sus contactos políticos, militares y policiales. Todo esto sumado a los dos levantamientos militares que protagonizó en 1987 y 1988.
La presentación con la que el Estado denunció a Aldo Rico la realizó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. El funcionario explicó que está obligado a denunciar estos hechos con el objetivo de garantizar la vigencia de la Constitución. A esto añadió que debe defenderse irrestrictamente la democracia, el “Nunca más” y volver realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia.
Para concluir, indicó: “A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura; este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser tolerados. La justicia y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son la columna vertebral de la construcción democrática de nuestro país”.