El Gobierno comunicó el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), instituciones multidisciplinarias que brindan asistencia legal primaria gratuita a comunidades con escasos recursos y dificultades para acceder a sus derechos.
Según el Ministerio de Justicia, estas oficinas «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». Por su parte, desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advierten que esta medida conlleva 400 despidos.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, expresó: «El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones. Éstos le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes».
La cartera también sostuvo que «todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función».
Por otro lado, Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, expresó su preocupación por los despidos inminentes: «Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy y que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad».
Y agregó: «En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más».
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Los CAJ, que suman un total de 105 en todo el país, están ubicados en provincias y barrios vulnerables, conformados por equipos interdisciplinarios que abordan problemáticas jurídico-psicosociales.